Un interés que no es usurario puede ser nulo igualmente: la falta de transparencia del sistema revolving
Hay dos controles distintos sobre una tarjeta revolving y conviene no mezclarlos, porque el resultado puede ser el contrario del que se espera. Esta sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz es un buen ejemplo: descarta que el interés fuera usurario —el juzgado había declarado lo contrario— y, aun así, acaba declarando nulo el contrato por falta de transparencia. El consumidor gana, pero por la puerta subsidiaria.
Ficha de la resolución
| Campo | Dato |
|---|---|
| Órgano | Audiencia Provincial de Cádiz, Sección 5.ª |
| Resolución | Sentencia núm. 680/2026 |
| Fecha | 30 de septiembre de 2026 |
| Recurso | Apelación núm. 2015/2021 |
| Ponente | Ilmo. Sr. D. Ramón Romero Navarro (presidenta, D.ª Isabel María Nicasio Jaramillo; magistrada, D.ª Ana María Sanz López) |
| ECLI | ECLI:ES:APCA:2026:2444 |
| ROJ | SAP CA 2444/2026 |
| Id Cendoj | 11012370052026100619 |
| Procedencia | Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sanlúcar de Barrameda, plaza núm. 1, procedimiento ordinario 246/2020; sentencia de 19 de febrero de 2021 |
| Texto íntegro | Resolución en CENDOJ |
Qué se discutía
El titular de una cuenta de crédito con tarjeta asociada, suscrita con COFIDIS, pedía en su demanda dos cosas por este orden: como pretensión principal, la nulidad del contrato por usurario, con los efectos del artículo 3 de la Ley de Represión de la Usura; y, de forma subsidiaria, la nulidad de la cláusula de intereses remuneratorios por abusiva.
El juzgado estimó la pretensión principal: declaró el contrato usurario. La entidad recurrió sosteniendo que la TAE pactada debía compararse con el tipo medio de los productos revolving del año de activación del contrato y que, hecha esa comparación, no había usura.
Qué resolvió el tribunal
Sobre la usura, la Audiencia da la razón a la entidad. Aplica el criterio consolidado del Tribunal Supremo que la propia sentencia transcribe: se compara la TAE del contrato con el tipo medio de la categoría específica del crédito revolving en el momento de contratar, y el interés se considera usurario cuando supera en seis puntos porcentuales ese tipo medio. La sentencia precisa, además, que el índice que publica el Boletín Estadístico del Banco de España no es la TAE sino el TEDR —la TAE sin comisiones—, de modo que para comparar hay que completarlo.
Con esos datos hace el cálculo: TEDR medio de las operaciones revolving en 2016, 20,84 %; añadidas unas treinta centésimas, una TAE aproximada del 21,14 %; TAE del contrato, 24,51 %. La diferencia es de 3,37 puntos, por debajo de los seis exigidos. No hay usura.
Pero el recurso de apelación es de plena jurisdicción, y la demanda contenía una pretensión subsidiaria que el juzgado no había examinado. La Sala entra en ella y analiza la transparencia de la cláusula de intereses valorada conjuntamente con las que establecen el sistema de amortización revolving, siguiendo la doctrina de las sentencias del Pleno de la Sala Primera 154/2025 y 155/2025, que transcribe extensamente.
El resultado es la nulidad. La Sala constata que el contrato, en su anverso y reverso, resulta de lectura muy difícil o imposible por el tipo de letra y la forma de presentación, de modo que no supera el primer filtro de incorporación. Y añade que en el contrato no aparece el documento de Información Normalizada Europea ni el término «crédito renovable o revolving», ni explicación alguna de los riesgos que exigen advertencia: el plazo indefinido o prorrogable automáticamente, el elevado tipo de interés, la recomposición constante del crédito, la escasa amortización del capital cuando las cuotas son bajas y el anatocismo. Indicar la TAE no basta: hace falta que el consumidor pueda entender la mecánica del producto y lo que le va a costar.
El fallo desestima el recurso de COFIDIS y confirma la sentencia de instancia, aunque por la estimación de la pretensión subsidiaria, y declara la nulidad del contrato suscrito el 8 de septiembre de 2016 «por falta de transparencia y abusividad del interés remuneratorio en relación con el sistema de amortización revolving», con condena a la entidad a reintegrar al demandante todas las cantidades abonadas que excedan del capital dispuesto, a determinar en ejecución de sentencia. Impone las costas de la primera instancia y de la apelación a la entidad.
Por qué le importa al lector y en qué casos se aplica
Porque la mayoría de las reclamaciones de revolving se plantean como un problema de porcentaje, y el porcentaje muchas veces no da. Una TAE del 24 % o del 25 % suena desproporcionada, pero si el tipo medio del producto en el año de la contratación estaba por encima del 20 %, la diferencia no llega a los seis puntos y la usura se descarta.
Lo que decide entonces es otra cosa, y es lo que el cliente tiene delante sin entenderlo: si le explicaron cómo funciona la amortización. La sentencia enumera lo que debería haber estado en la información previa: que el sistema es revolving; cuál es la cuota mensual, en cantidad o en porcentaje de lo dispuesto; cuál es la duración del contrato; si los intereses se devengan solo sobre el capital dispuesto o también sobre intereses, comisiones e indemnizaciones devengadas; y ejemplos que permitan comparar con otras modalidades de pago. La ausencia de todo eso —y no el tipo de interés— es lo que aquí provoca la nulidad.
En términos prácticos, dos consecuencias para quien conserve su documentación: el contrato y el cuadro de amortización son la prueba principal, y un contrato ilegible juega en contra de quien lo redactó, no de quien lo firmó.
Límites y excepciones
- Usura y falta de transparencia son controles distintos y no se suman. Que una tarjeta no sea usuraria no impide que su cláusula de intereses sea nula por falta de transparencia; y al contrario, que el contrato sea opaco no convierte el interés en usurario.
- La falta de transparencia no implica automáticamente abusividad. La propia sentencia lo subraya: una vez apreciada la falta de claridad, hay que valorar además si la cláusula es abusiva conforme al artículo 3.1 de la Directiva 93/13/CEE. Aquí el tribunal aprecia el desequilibrio; en otro caso podría no apreciarlo.
- Es una resolución de Audiencia Provincial sobre un contrato concreto de 2016 y una entidad concreta. No cabe extraer de ella ninguna conclusión general sobre los productos de esa compañía ni sobre los revolving en bloque.
- El cálculo depende del año. El tipo medio del producto cambia cada ejercicio: la comparación hay que hacerla con el dato del momento de contratar, no con el actual.
- La devolución no es automática ni está cuantificada. El fallo remite su determinación a la ejecución de sentencia, y lo que se reintegra es lo pagado que exceda del capital dispuesto.
- Hay dos descuadres internos en la resolución que advertimos para no reproducirlos: su fundamentación habla en un pasaje de estimar el recurso cuando el fallo lo desestima —lo explica después por la doctrina del efecto útil del recurso— y arrastra en un punto una TAE del 22,41 % procedente de la sentencia del Tribunal Supremo que transcribe, distinta del 24,51 % con el que el propio tribunal opera. En este análisis se cita el fallo y el dato con el que razona la Sala.
Normas citadas
- Artículos 1 y 3 de la Ley de 23 de julio de 1908, sobre nulidad de los contratos de préstamos usurarios — nulidad del préstamo con interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado, y efecto de la nulidad: el prestatario solo devuelve la suma recibida.
- Artículo 1303 del Código Civil — restitución recíproca declarada la nulidad.
- Artículo 60 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios — información previa al contrato. La sentencia cita la redacción vigente cuando se firmó el contrato; la actual exige facilitar esa información «antes de que el consumidor y usuario quede vinculado por un contrato y oferta correspondiente», de forma clara, comprensible y accesible.
- Artículo 80.1 del mismo texto refundido — requisitos de concreción, claridad, accesibilidad y legibilidad de las cláusulas no negociadas. Atención al cambio: desde el 1 de junio de 2022, por la Ley 4/2022, no se entiende cumplida la legibilidad si la letra es inferior a 2,5 milímetros o el espacio entre líneas inferior a 1,15 milímetros; a los contratos anteriores se les aplica el umbral de milímetro y medio de la redacción previa, que es el que la sentencia maneja.
- Artículo 83 del mismo texto refundido — las cláusulas abusivas son nulas de pleno derecho y se tienen por no puestas, subsistiendo el contrato si puede hacerlo sin ellas.
- Artículos 5, 7 y 8 de la Ley 7/1998, sobre condiciones generales de la contratación — requisitos de incorporación; criterios de transparencia, claridad, concreción y sencillez del apartado 5 del artículo 5, cuya previsión de nulidad de pleno derecho de las condiciones incorporadas de modo no transparente fue añadida por la Ley 5/2019 con efectos desde el 16 de junio de 2019; no incorporación de las condiciones ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles; y nulidad de las que contradigan normas imperativas.
- Artículo 10 de la Ley 16/2011, de contratos de crédito al consumo — información previa al contrato, que debe facilitarse mediante la Información normalizada europea sobre el crédito al consumo.
- Orden ETD/699/2020, de 24 de julio, de regulación del crédito revolvente — explicita estas exigencias para los contratos a los que resulta aplicable por razones temporales.
- Artículos 3.1, 4.2 y 5 de la Directiva 93/13/CEE — concepto de cláusula abusiva; exclusión del control sobre el objeto principal y la adecuación precio/retribución siempre que las cláusulas se redacten de manera clara y comprensible; y deber de redacción clara y comprensible con interpretación favorable al consumidor.
Aviso
Análisis divulgativo. No sustituye la lectura íntegra de la resolución ni el asesoramiento profesional; cada caso requiere un estudio individual.
Si tiene una tarjeta revolving
Lo primero que hacemos es mirar dos cosas: la TAE del contrato frente al tipo medio del producto en el año en que lo firmó, y qué información se le dio antes de firmar. De ahí sale si su caso se plantea por usura, por falta de transparencia o por ninguna de las dos. Traiga el contrato y los extractos que conserve: el análisis es gratuito y sin compromiso, y le diremos con claridad qué base tiene su reclamación, sin prometerle un resultado.
